Denuncian a la Newmont en Bolivia

En la aridez del altiplano boliviano pequeñas lagunas de color turquesa asemejan playas paradisiacas, pero son residuos mineros tóxicos que contaminan la tierra, por lo que un grupo de indígenas aimaras se sintieron obligados a rebelarse contra una minera.Los indígenas están molestos porque la multinacional Newmont Mining, con sede en la ciudad estadounidense de Denver, vendió en julio su participación a socios bolivianos y se marchó “sin cumplir su promesa” de compensarles con nuevas tierras, por lo que decidieron tomar la mina Kori Kollo, informó el líder de la protesta Marcial Ojeda.El sábado iniciaron una negociación con la empresa con mediación del gobierno y suspendieron la toma de la mina “por el momento”, dijo Ojeda.RELAVES CONTAMINANTESCuando las aguas turquesas se secan bajo un sol intenso a 3.750 metros de altitud dejan una costra de sal amarga que el viento esparce esterilizando la tierra. Ningún animal ni pastizal se observa en kilómetros a la redonda.La empresa Inti Raymi (fiesta del Sol en quechua) fue en los años 90 la mayor productora de oro del país. En 2003 llegó a producir 150.000 onzas de oro. Newmont Mining tenía el paquete mayoritario y lo transfirió a Emirsa que agrupa a sus socios bolivianos, confirmó el director estatal de Minería, Freddy Beltrán.Inti Raymi opera la mina a cielo abierto desde 1985. Voló un cerró y tuvo que evacuar al pueblo de Chuquiña y construir otro cerca. Ahora está concluyendo operaciones, pero tiene otras minas de oro cerca de aquí.Evo Morales en fuego cruzadoEl caso ha puesto al gobierno de Morales, el primer indígena que gobierna el país, en medio del fuego cruzado. El mandatario acaba de proponer en las Naciones Unidas un tribunal internacional para delitos ambientales pero estos indígenas creen que no está haciendo lo suficiente para hacer respetar sus derechos. “La nueva Constitución nos protege, nos da más derechos y además este gobierno es de los pobres y queremos que se respete nuestros derechos”, dijo Ojeda, 35 años, uno de los líderes jóvenes de la protesta. “Que el gobierno nacionalice esta empresa y nosotros podremos hacernos cargo”, agregó. Gobierno, indígenas y empresa esperan los resultados de una auditoría ambiental que calculará los daños, pero los originarios aseguran está demorada.