Le conceden 30 meses más para que cumpla con el PAMA
Hace tres meses la propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, Doe Run, solicitó al Gobierno la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por un plazo de 30 meses. El Gobierno respondió que solo le daría 11. Hubo después un ida y vuelta, con un estudio técnico de por medio realizado por la Comisión Técnica La Oroya (que planteó un plazo de 20 meses) y un nuevo pedido de la empresa de 36 meses. Ayer, el pleno del Congreso aprobó la ampliación del PAMA por 30 meses. El mismo plazo que Doe Run solicitó al inicio.
Al respecto, el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, no pudo menos que estar satisfecho y declarar que no solicitarán un mayor plazo: “Yo creo que hay una decisión tomada. Vamos a hacer los esfuerzos para de una vez ir adelante y en este plazo llegar a acuerdos con nuestros proveedores”.
Explicó que en la medida que se concrete la ampliación por parte del Gobierno y se reúna nuevamente con las empresas que proveen de concentrados a la fundición de La Oroya, las operaciones de la empresa se podrían reanudar en un mes.
Tras aprobar la ampliación del PAMA por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso dio facultades al Gobierno para que, vía un decreto supremo, defina la forma en que la empresa garantizará la inversión de US$155 millones en su PAMA.
ACUSACIONESSobre las acusaciones de que los ejecutivos de Doe Run —y en especial, su gerente general, Juan Carlos Huyhua— fueron los instigadores de la violencia y de la muerte de un policía el pasado martes, Mogrovejo informó que no habían recibido una acusación oficial, aunque mostró su extrañeza al respecto pues aseguró que la empresa siempre había dado prioridad al diálogo y rechazado acciones violentas.
Por su parte, los trabajadores de La Oroya recibieron con buen ánimo la ampliación dada por el pleno del Congreso. Ellos se congregaron ayer a las cinco de la tarde para evaluar la decisión del Legislativo. Luis Castillo, presidente de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, anticipó que se reunirían con la empresa para determinar cuándo empezaría la reactivación de sus operaciones.
No todos recibieron con el mismo júbilo la noticia. La Cámara de Comercio de Huancayo, por su lado, rechazó, en un comunicado enérgico, la actitud de Doe Run, calificándola de no ética por el abuso que comete contra sus propios funcionarios y trabajadores, a quienes por la angustia de conservar su centro laboral, los somete y expone permanentemente a tomar las carreteras y a incurrir en actos ilícitos con el solo propósito de conseguir la indebida ampliación del PAMA, propósito que ha logrado.
Se debe señalar que con este plazo de 30 meses (2 años y medio) le tocará al próximo gobierno fiscalizar el cumplimiento del PAMA de Doe Run. Nada garantiza que ese año (2012) se repita el problema.
Dos trabajadores muertosCuando los cientos de policías retornaban ayer a sus bases en diferentes puntos de la región y La Oroya volvía a la normalidad, se lamentó la muerte de dos trabajadores de Doe Run: uno por estrés emotivo y otro que se suicidó agobiado por la situación que se vivía en la ciudad.
Así, se informó de la muerte de Walter Martínez Soto (59) quien se suicidó por deudas económicas que había contraído, para enfrentar la incertidumbre que vivían los trabajadores y por el peligro de cierre de la empresa que aún tiene suspendidas sus operaciones. Asimismo, se supo de la muerte de Pedro Quintana Rojas (62), quien falleció de un shock cardíaco por estrés emotivo, según refirieron sus familiares y compañeros de trabajo.
Estas dos muertes se suman al lamentable deceso del policía Grobert Saico Taipe, asesinado el martes por los revoltosos.
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