Gallina que come huevos...

El Apra ha decidido reincidir en su agresión contra el periodismo. Sesenta años después de su Ley de Imprenta que, allá por 1947, indignó al país, ha presentado un proyecto de ley que se lanza contra los hombres de prensa y también contra los dueños de los medios.Esto último estaba en aquella Ley dictada en un momento en que el Apra gozaba del favor ciudadano. Era un signo de prepotencia. La propuesta de hoy está signada por el miedo.No es casual que Mercedes Cabanillas haya decidido abrir con este proyecto el nuevo periodo legislativo. Sobre ella pesa responsabilidad política y penal por la tragedia de Bagua.Tampoco es por azar que la propuesta se actualice en momentos en que se abre el juicio por la matanza de El Frontón. Agustín Mantilla ocupa allí un lugar en el banquillo. Pero en algún momento lo acompañarán, mañana o más tarde, Alan García y Luis Giampietri, el valeroso marino que la emprendió a puntapiés contra un prisionero malherido.El proyecto aprista tiene, pues, su encuadre histórico y político. Pretende imponer “rectificaciones” desmesuradas y abusivas, así como implantar la autocensura de los periodistas y los empresarios.Su propósito no es defender el derecho constitucional a la rectificación que se reconoce a “toda persona afectada por afirmaciones inexactas” (Artículo 2, inciso 7 de la Carta).Ese derecho ha sido consagrado por leyes expresas, la 26775 y la 26847, dictadas por el Congreso fujimorista.La novedad del texto que Mercedes Cabanillas amadrina consiste en el abuso espacial de la rectificación y la amenaza directa a los periodistas y los empresarios que se atrevan a publicar órganos incómodos.En el fondo, el aprismo y sus aliados, temen a la verdad. Nuestro diario es víctima de numerosos juicios de “agraviados” que, en realidad, buscan silencio e impunidad para sus culpas y tropelías.Hay, sin embargo, un principio clásico del derecho: el exceptio veritatis. Ampara la facultad que tiene el periodista de probar la verdad de las imputaciones contra otra persona. Probada esa veracidad, no hay responsabilidad penal.Otrosí. A menudo me incluyen en procesos por textos aparecidos en este diario con la firma de su autor. No hay código, ley o inciso que autorice ese abuso. En tiempos pasados, sí se achacaba responsabilidad al director y hasta al dueño de la imprenta en que un periódico se imprimía. El señor Alan Raúl Simón García Nores, hijo de papá, me acosa hace meses con citas judiciales por un texto que no lo injuriaba y que estaba, además, firmado por un redactor. Con la nueva ley, a lo mejor dentro de un tiempo tendré que enviar, entre rejas, este mensaje: “manden fruta”.Pero, a diferencia de los gobernantes, creemos que a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo.

César Lévano