LA TIA MARIA

.Por Humberto Campodónico

El proyecto de explotación de la mina de cobre Tía María por la Southern Corporation, en la Región Arequipa, es hoy el punto más elevado de la discusión acerca de la viabilidad de los proyectos mineros cuando existe un conflicto central: el uso del agua para las operaciones de la mina en una cuenca con tradición agrícola.

Si bien el problema debiera dilucidarse técnicamente (en primer lugar, con el Estudio de Impacto Ambiental, EIA), la cuestión es que existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la empresa minera.

Esta se origina en hechos reales comprobados, como los enormes pasivos ambientales mineros, así como en el trato prepotente, amparado por el poder político de turno a nivel nacional y, a veces, también, regional y local. Un claro ejemplo fue Cerro Quilish en el 2004, en Cajamarca, donde finalmente Yanacocha tuvo que reconocer sus errores y rescindió su permiso de exploración para ese proyecto.

En Islay, en setiembre del año pasado, se realizó una consulta vecinal donde el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.

Aquí hay un primer conflicto de intereses: el MEM repite todos los días que existe una cartera de proyectos mineros por US$ 35,471 millones, lo cual es “muy positivo”. Pero, a la vez, es el MEM quien tiene la responsabilidad de conducir todas las etapas del EIA, hasta su aprobación. No, pues. El Ministerio del Ambiente debería conducirlo (como en nuestros países vecinos), pero no le han transferido esas facultades.

Vayamos a la discusión de las tres alternativas para el agua. Una es el uso del agua del acuífero: se afirma que todos los años se van al mar 47 millones de metros cúbicos (con o sin mina), mientras que la mina solo usaría 7 millones de m3. Otro es la construcción de la represa de Paltiture de 40 millones de m3: 7 millones serían para la mina y el resto para los agricultores. La tercera es una planta desalinizadora de agua de mar, la misma que se bombearía por tuberías hacia la mina (ésta tiene el visto bueno del gobierno regional y de la mayoría de los expertos).

La Southern dice que está dispuesta a avalar cualquiera de ellas. Pero aquí volvemos al principio: la población desconfía de la empresa. ¿Cómo superar la desconfianza? Con diálogo, más diálogo y aún más diálogo. Pero núcleos de la derecha ya están diciendo que detrás de la desconfianza están los agitadores y las ONG antimineras. ¿Qué proponen? Una “solución” violenta.

Lo que la derecha no entiende es que la viabilidad de los proyectos mineros en el siglo XXI se enfrenta a problemas sociales y ambientales ignorados hasta hace unos años. Dicho de otra manera, la creciente conciencia mundial para preservar el medio ambiente y los derechos de los pobladores determina que las industrias extractivas (incluye a los hidrocarburos) cumplan con exigentes estándares globales, que también son exigidos a nivel local. La palabrita que lo identifica se llama “glocalización”.

Para terminar, no hemos tratado aquí el tema de la necesaria modernización de la ley minera (que ya se ha dado en casi todo el mundo) para introducir una fórmula que permita que el Estado capte las sobreganancias mineras por los altos precios de los minerales que han llevado a que Southern obtenga US$ 5,351 millones de utilidades netas del 2004 al 2008(1). El gobierno dijo que no podía modificar los contratos existentes. Pero no ha modernizado la ley para los proyectos que recién empiezan, justo cuando se necesita elevar la presión tributaria(2). Volveremos sobre el tema.