Navidad con Decretos de Urgencia

Como regalo de Navidad –y como anuncio en serio de lo que se viene– ayer jueves el gobierno publicó 7 Decretos de Urgencia, con lo cual el total de los DU en el 2009 se elevó a 123. Esta cifra constituye un récord histórico y casi duplica los 69 DU que se dictaron en el 2002.
Dice la Constitución que el Presidente puede “dictar medidas extraordinarias, mediante DU con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia” (Art. 118).
Pero cuando se analizan los DU se aprecia que muchos de ellos no cumplen con los requisitos del Art. 118 (*). Es el caso del DU 034 que provee recursos para proyectos de la Municipalidad de Tarma y también del DL 117 (publicado ayer) que autoriza al Ministerio de Transportes a derivar S/. 124.8 millones al tren eléctrico. No solo eso. Como el APRA controla la Comisión de Constitución, encargada de analizar los DU, en los hechos el Congreso no los fiscaliza, por lo que todos quedan tal cual. El DU 121 es el más preocupante de los publicados ayer, pues, de un lado, prolonga la vigencia del DU 047 2008 y, de otro, establece la lista de los proyectos prioritarios que deben ser puestos en marcha por ProInversión. El problema del DU 047 2008 es que restringe y limita las opiniones previas que deben dar los organismos del Estado (lo que incluye a la Contraloría y los organismos reguladores) respecto de los contratos de concesión (Art. 6, ver “Reguladores cállense la boca”, cristaldemira, 23/9/2009).
Es por eso que, por ejemplo, el contrato de Taboada tuvo tantos problemas (aquí el ex ministro Allison dijo que lo quisieron coimear con un millón de soles), los que se agravaron con la concesión de Paita, donde el nuevo dueño, TPE, elevó las tarifas como le dio la gana. Aunque usted no lo crea, el ministro de Comercio Exterior, Martín Pérez, acaba de declarar que los exportadores piuranos podrían irse al Ecuador por las altas tarifas de TPE. Pero en lugar de reconocer el problema y corregirlo, anulando la concesión, el gobierno lo ignora y emprende la “fuga hacia adelante”. Ahora están incluidos, además del puerto de Salaverry (cuya población ya comenzó a protestar) y Marcona, Chavimochic, Majes, San Lorenzo (¿?), el segundo paquete de aeropuertos regionales y las carreteras Ica-Chile y Sullana-Ecuador (donde seguramente los concesionarios harán caja con los peajes para, después comenzar a construir, como ha sucedido con las concesiones Cerro Azul-Ica y Pativilca-Huarmey).
El problema con las concesiones es que el gobierno concibe las asociaciones público-privadas como proyectos donde el Estado financia y garantiza la inversión privada. Pero ni siquiera considera el interés nacional que tiene el gasoducto sur andino (daría energía a las regiones más pobres del Perú y sería una palanca para un desarrollo macrorregional ahora que ya termina la Interoceánica al Brasil (sí lo hizo Chile cuando la estatal ENAP, aliada con empresas privadas, construyó en 4 años el Terminal de regasificación en Quintero, logrando su diversificación energética). A estos problemas de fondo se añade otro, que es tanto más preocupante: gobernar con DU es saltarse a la garrocha el Congreso y el resto de las instituciones del Estado para que se haga lo que el Presidente quiere. Ese es el autorregalo de García para este año (electoral) que ya tenemos encima. Igual les deseamos Feliz Navidad.



Por Humberto Campodónico