Por Carlos Castro
La jueza Antonia Saquicuray nos ha vuelto a dar esta semana una nueva lección de independencia en la aplicación de la administración de la justicia. Pese a la oposición de representantes del Poder Ejecutivo y del propio presidente del Poder Judicial, la magistrada ha resuelto que es el fuero común y no el militar al que corresponde procesar al suboficial de la FAP Víctor Ariza, que vendió secretos militares a Chile. Su resolución adquiere una connotación ética porque se da en momentos en que el Tribunal Constitucional interfiere en los procesos anticorrupción y en el mismo día en que el presidente Alan García indultó a José Enrique Crousillat, uno de los responsables de poner un canal de televisión al servicio de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos por un fajo de millones de dólares, dinero de todos los peruanos que no ha sido devuelto.
Saquicuray, por si los peruanos lo han olvidado, es una de las magistradas que se enfrentaron al poder mafioso de Fujimori, Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza, en los años en que concentraban todos los poderes y cuando jueces y fiscales desfilaban por la salida del SIN. El 21 de setiembre de 1994, la jueza –que ostenta el Premio Nacional de Derechos Humanos– declaró carente de valor el fallo del fuero militar en el caso de la matanza de Barrios Altos, y un año después, en histórica sentencia (con la opinión favorable de la valerosa fiscal Ana Cecilia Magallanes), declaró inaplicable para este mismo caso la ley de amnistía de 1995.
La ley aprobada por el Congreso Constituyente Democrático de Fujimori prohibía toda investigación de procesos en los que estén involucrados los militares y disponía archivar cualquier investigación en curso. El mensaje era obvio: Fujimori, Montesinos y sus parlamentarios querían con esta aberrante ley que la matanza de 15 personas quedara impune. Por un tiempo lo lograron, incluso hasta consiguieron, con jueces sumisos, que Saquicuray fuera sometida a investigación. En el 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso las cosas en su sitio, le dio la razón a Saquicuray y Magallanes y ordenó reabrir el proceso.
Inés Villa Bonilla e Inés Tello son otras juezas emblemáticas que hoy soportan una campaña en contra por defender su fuero y rechazar la intromisión del TC en el caso del general Chacón. Villa Bonilla presidió la Sala que el año pasado dictó sentencia en el crimen de La Cantuta y en la que probó la existencia del grupo paramilitar Colina, desestimó el juicio por este caso en el fuero militar y condenó a 35 años de cárcel al general Salazar Monroe. El TC, asumiendo funciones que no le corresponden, ordenó archivar el proceso. “El Tribunal Constitucional no puede excluir, absolver o condenar a un ciudadano” ha dicho el presidente del PJ, Javier Villa Stein. “Mejor cerramos” el MP y el PJ, ha advertido por su parte la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Los 9 años que dura el proceso no justifican, advierten constitucionalistas, la intromisión del TC. Pudo optar por dar un plazo para que la Sala de Inés Bonilla falle–la jueza conoció el caso hace 4 años y pidió, sin que se le aceptara, dedicación exclusiva para este proceso–, pero hizo lo contrario. Una decisión lamentable.
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esa jueza demuestra que tiene eso que le falta a muchos peruanos, tiene amor por el pais por ello lucha contra la corrupcion que tanto daño le hace al pais y tanto retroceso y poco desorrollo le a causado no me gusta hacer apologias de las personas pero adicional a este comentario quiero resaltar la gran labor que usted a desempeñado señor garate ya que ha sido una de las unicas personas por no decir la unica en decirme que nos estan robando y que debemos hacer algo para acabar con este imperio
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