INEPTITUD APRISTA

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Por Fernando Rospigliosi
La compra de los portatropas sobrevaluados del Ministerio del Interior ya ocasionó un perjuicio de millones de dólares al Estado. Todavía puede empeorar.
En el gobierno aprista la incompetencia y la deshonestidad marchan juntas, como ha quedado en evidencia en la compra de portatropas del Ministerio del Interior.
Comedia de equivocaciones
El miércoles 26 en la mañana, en Canal N, el viceministro Samuel Torres defendía la adquisición diciendo que era perfecta y que nadie la podía impedir.
Pocas horas después, ese mismo día, el premier Javier Velásquez Quesquén anunciaba que el gobierno dejó sin efecto la compra de los portatropas porque “el presidente Alan García Pérez tomó la decisión con el fin de evitar cualquier tipo de cuestionamientos de carácter técnico a los vehículos”. (Agencia Andina, “Poder Ejecutivo deja sin efecto compra de portatropas israelíes”, 26.5.10).
Horas más tarde, Samuel Torres comunicaba en RPP que había renunciado irrevocablemente al cargo de viceministro y que el ministerio asumiría las responsabilidades legales del anuncio de Velásquez Quesquén.
Ahí está el detalle
Los argumentos de Velásquez Quesquén para justificar esa decisión son absurdos y ridículos, propios de un personaje de tercera línea, como lo calificó Alejandro Toledo cuando lo nombraron premier.
“No se cuestiona el procedimiento que ha sido absolutamente regular (…) sino que hubo observaciones que se han venido levantando con relación a la palanca de cambios, al tipo de aro de neumáticos de los vehículos, a los sistemas”. (Andina, 26.5.10).
Si el procedimiento ha sido regular y las observaciones se han levantado, y son tan triviales como las que menciona, ¿por qué anular la compra? Sobre todo si eso va a ocasionar una pérdida enorme para el Estado. Sólo Velásquez Quesquén puede sostener necedades de ese calibre sin inmutarse.
Ya habían pagado
Al día siguiente, el jueves 27, Rosa María Palacios reveló en Prensa Libre que el Mininter ya había pagado cuatro millones y medio de dólares como adelanto, un 40% del precio total. ¿Cómo se va a recuperar ese dinero ahora?
Peor aún, el representante de la firma israelí que vende los vehículos desmintió públicamente a Velásquez Quesquén: “Esa anulación no existe. No hemos recibido hasta ahora una comunicación oficial al respecto, por lo tanto seguimos trabajando en ultimar detalles para la entrega de los vehículos, que se concretará la próxima semana”. (“Hatehof descarta anulación de compra”, La República, 28.5.10).
El contrato se hizo –increíblemente– como una adquisición en el exterior, no sujeto a las leyes peruanas. De esa manera, la empresa israelí tiene todas las de ganar en caso de una controversia.
La historia
Como se recuerda, esta tragicomedia empezó el 2007, cuando siendo ministro del Interior Luis Alva Castro anuló la compra de portatropas que había sido gestionada en la administración de Pilar Mazzetti, aduciendo que estaban sobrevaluados.
La empresa vendedora (ISDS) ha iniciado una demanda contra el Estado peruano por esa anulación.
Dos años después, el 2009, Octavio Salazar volvió a comprar los mismos portatropas, maquillados, con una nueva sobrevaluación de dos millones de dólares, según denunció Gustavo Gorriti de IDL Reporteros. (“Estafa camionera”, 15.2.10).
Según esa investigación, Hatehof compró en Israel los vehículos que Alva Castro había rechazado, los acicaló y se los volvió a vender a Interior con un sobreprecio de 60% respecto a los originales.
En suma, de acuerdo con la versión de Gorriti, el incremento de dos millones de dólares era equivalente a la coima que iban a cobrar funcionarios del gobierno aprista. (“Cutras en Corpac”, Caretas, 6.5.10).
En este caso, el Director de la Policía, el general Miguel Hidalgo, se ha lavado las manos y sostiene que no tiene nada que ver con la compra, realizada por el ministro Salazar y el viceministro Torres. (“Hidalgo toma distancia”, Caretas, 27.5.10).
Otro mudo
El principal responsable de esta operación cuestionada por el propio gobierno, el habitualmente locuaz Octavio Salazar, ha permanecido mudo y atornillado a su puesto, al momento de escribir estas líneas.
Por supuesto, ninguna de las instituciones que teóricamente deben fiscalizar ha movido un dedo. La Contraloría dice que todo está bien, en el Congreso todos los grupos se encubren mutuamente y la fiscalía no dice esta boca es mía. El pacto de impunidad gestionado eficientemente por los apristas –para eso sí sirven– funciona a la perfección.