La crisis de los audios

Es notable que, con tanto abogado opinador que hay en el Perú, ninguno de ellos haya dicho su palabra sobre la manera en que Javier Villa Stein y Gladys Echaíz están sobrepasando sus funciones en la polémica que han abierto sobre quién es el responsable de la manipulación de las pruebas en el caso BTR. El presidente del Poder judicial y la fiscal de la Nación no están en el lugar que ocupan para sacar la cara por sus jueces y fiscales, y menos para “garantizar” la forma como se hicieron las diligencias, en las que se supone no deben tomar parte. En otras palabras las cabezas de los órganos de administración de Justicia no pueden encarar una denuncia de tal gravedad, recurriendo a la fórmula de decir que reconocemos que las pruebas informáticas fueron violentadas, pero que busquen al culpable en otra parte.

Para responder por sus magistrados, Villa Stein y Echaíz, tienen que ser independientes de sus actos y reemplazarlos cuando hay anomalías que debilitan los procesos. Pero aquí estamos al revés. En un caso de fuertes aristas políticas que compromete a los más altos niveles del poder político, el asunto es particularmente grave. Significa, en realidad, que el presidente de la más alta corte de justicia y la cabeza del ministerio Público están reconociendo que ellos han tenido que ver directamente con el curso que han tomado los acontecimientos y con las actuaciones de la jueza Martínez (la que escondía los contenidos grabados) y el fiscal Milla (el que hizo el pase desde la policía a la justicia). Por eso se sienten inmediatamente aludidos y se niegan a que haya investigación sobre su terreno.

¿Cómo hemos llegado a una situación en la que la suciedad de la antijusticia está tocando a las dos instituciones más importantes del sistema, y que sus más altas autoridades estén perdiendo la compostura? Sólo hay una explicación y esa es que en el caso BTR se está protegiendo a alguien que está por encima de ellos y que no pueden desenmascarar. ¿Se imagina quién es? Esta crisis, por cierto, comienza, cuando el presidente de la República se involucra a través de una “investigación especial”, encargada a un jefe policial que no tenía por qué estar en el tema y le pide a la fiscal de la Nación que legalice su intervención presentándola como un trabajo conjunto de la Dirandro (oficina antidrogas) y la Fiscalía al más alto nivel. Esto era totalmente irregular, peor aún si se tiene en cuenta que en las grabaciones estaban implicados temas de gobierno.

La propia jueza Martínez declaró a Alan García como la víctima número uno del chuponeo. Y aún si esa fuera toda su condición, ¿no hay una clara contradicción entre ese papel y el de manejar la “investigación especial” a través de sus relaciones personales? Todo indica que estamos ante un gran complot que se armó cuando salieron los petroaudios y el presidente dispuso capturar a BTR para evitar que siguieran saliendo las evidencias de la corrupción. Eso que pudo hacerse en nombre de la gobernabilidad, la continuidad del Estado, etc., ha implicado a todo el sistema con la corrupción grabada. Y esa es la crisis que estamos viviendo