LA CIENCIA SALE DE LAS CATACUMBAS

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Escribe Modesto Montoya

A principios de los años 80, luego de doctorarse en diversos países desarrollados, numerosos científicos regresaron al Perú, pero volvieron a partir porque no encontraron lugar para ellos: la investigación no estaba en la agenda de nadie. En los institutos y universidades no se valoraba la investigación. Las remuneraciones de los investigadores bordeaban los 100 dólares al mes.

La juventud de entonces empezó a demandar cambios. Varios fueron despedidos de sus trabajos por su protesta. La prensa consideraba el tema como periodísticamente estéril. La sociedad estaba en otra dimensión. Muchos investigadores se fueron del país.

El diario “La República” abrió su página editorial para que los científicos manifestaran sus ideas. Se organizaron eventos de promoción de la ciencia y la tecnología. Para educar a empresarios y políticos, los pocos que se quedaron fundaron la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT).

En abril de 1990, la recientemente creada SOPECYT llevó a cabo el foro "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo", donde empresarios e investigadores entablaron un diálogo, tratando de establecer relaciones de cooperación. En el foro de 1991, la empresa no se mostró muy interesada en “investigar para obtener resultados en 5 años”, cuando estaba “luchando por no morir mañana”.

En ese marco, por propuesta de instituciones científicas, convocadas por la SOPECYT, se logró introducir en la nueva Constitución el artículo "Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico en el país".

Pero la poda de científicos continuaba. Se cerraron algunos laboratorios y otros fueron transferidos a universidades públicas y privadas. En la mayoría de los casos, esta medida significó el término de actividades de investigación.

En el mundo crecía el interés por aplicar las ciencias, en colaboración entre la empresa, los institutos, la universidad y el Estado. En el Perú, se empezó a pensar en ello.

Mientras que en nuestro país la ciencia luchaba por sobrevivir, otros países en desarrollo escogían una alternativa seria para dejar la pobreza: la biotecnología.

El Gobierno peruano no comprendía lo que pasaba en el mundo: nuestros mejores cuadros eran "incentivados" para renunciar a la investigación en el país y prácticamente se les prohibía hacer investigación científica.

Los investigadores se organizaron en diversas asociaciones especializadas para ofrecer resistencia a una aparente decisión de empujarlos a la emigración.

A principios de los 80, cuando se instalaba la globalización de la economía, los empresarios peruanos empezaron a preocuparse por la influencia de la ciencia y la tecnología en la producción. La CONFIEP, en su VII Congreso, levantó el lema "Ciencia, Tecnología y Producción una Necesidad Nacional".

El CONCYTEC, ante propuesta de la SOPECYT, hizo una ronda de consultas para estudiar un proyecto de "Ley de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico" como forma de evitar la fuga total de talentos. Mientras tanto, sin esa ley, seguía la fuga de talentos.

Gracias al esfuerzo de difusión realizada por las asociaciones de ciencia y la tecnología, la percepción de la sociedad por la ciencia fue mejorando. Se comprendió que los retos que se presentaron a finales del siglo XX estaban relacionados con la tecnología, y que para enfrentarlos era fundamental la alianza entre el sector académico y la empresa.

A mediados de los 90, Estados Unidos vio surgir países competidores en productos tecnológicos. En el Perú no variaba la centenaria estructura exportadora, fundamentalmente compuesta de materias primas. No había trabajo calificado. Entre 1985 y 1993, 40 000 técnicos y profesionales dejaron el país para prestar servicios calificados en el extranjero. Esa tendencia se agravaba con el tiempo.

Para revertir la pérdida continua de investigadores por emigración, surgía la necesidad de optimizar el potencial humano y la infraestructura física y de establecer el status de investigador con remuneraciones decorosas.

En el Congreso se planteó un proyecto de ley para promover la ciencia y la tecnología, tendiente a elevar el nivel político en el que se tomaran las decisiones, con una visión globalizada en relación con el desarrollo integral del país.

El esfuerzo de la década de los 90 se intensificó en el siglo XXI. La juventud se impacientó ante la decadencia académica de la mayoría de las universidades.

Finalmente, en el 2011, los medios tratan los temas de ciencia. Se apunta a que, en el 2021, el 1% del PBI sea dedicado a CTI y se eleve el nivel donde se decida las políticas de CTI. Dos de los principales partidos políticos, que participan en las elecciones 2011, proponen incluso la creación de un ministerio de ciencia y tecnología.

En suma, la CTI está ahora en la agenda política. Falta saber cuáles serán las acciones para impulsarla.. Si convertimos este incremento en un porcentaje, estaríamos hablando de un 30% de incremento que ha tenido en esta última medición”, refirió.