FERNANDO ROSPIGLIOSI
El proceso de elaboración de listas al Congreso y el resultado del mismo muestran la profunda descomposición de la política peruana.
Las feroces peleas en todos los grupos políticos, sin excepción, han tenido como único objetivo de los contendores el hacerse de un buen puesto en la lista y, si es posible, dejar fuera a los compañeros de su propio partido que podían tener una alta votación preferencial, aunque eso fuera en perjuicio del conjunto.
Por supuesto, siempre ha habido algo –o mucho– de eso en anteriores procesos. Pero antes había motivos políticos o ideológicos que explicaban, por lo menos en parte, esas riñas. Y sus protagonistas siempre pretextaban discrepancias de orden programático para justificar sus disputas.
Ahora ni siquiera buscan excusas para apuñalarse por un puesto en la lista. Es la descarada lucha por el poder y sus beneficios lo que los motiva y lo que aparece públicamente.
Todos aplican el principio maoísta, repetido por Sendero Luminoso: salvo el poder, todo es ilusión.
Lo peor, el fujimorismo
Sin duda, la peor lista parlamentaria es la del fujimorismo Tiene todos los males imaginables. La República descubrió al jefe de guardaespaldas de Vladimiro Montesinos, el comandante (r) Óscar Cáceres, en su lista. Una muestra irrefutable que la supuesta distancia de Keiko Fujimori con Vladi en un cuento que solo los más ingenuos pueden creer.
Keiko efectuó un rápido control de daños y lo sacó de la lista, pero lo defendió ardorosamente. En el indeseable supuesto que ganara la presidencia, sin duda tendría un lugar preeminente en su gobierno.
El fujimorista de Junín, Moisés Guía, aseguró haber entregado dinero al ex dictador en su prisión dorada y que luego le habían pedido 200,000 dólares más para encabezar la lista parlamentaria en su departamento.
El nepotismo de la lista naranja es insolente. La hija del dictador es candidata a la presidencia. Otro hijo y el hermano postulan al Congreso, situación que comparten el médico, el publicista y hasta la enfermera, persona de dudosa trayectoria que tiene como único mérito para convertirse en parlamentaria sus continuas visitas a la Diroes.
Octavio Salazar, el cuestionado ex ministro de Alan García, y el abogado de los delincuentes trujillanos, William Galindo, comparten los honores del fujimorismo en La Libertad.
Por no mencionar a la caterva de rostros abominados en la década de 1990, que salen de las catacumbas para volver al circo.
Lo bueno y lo malo
Alejandro Toledo ha incorporado a personas capaces y honorables como Ronald Gamarra, pero en general su lista es mediocre, con algunas excepciones.
Y al introducir a varios personajes cuestionados de su gobierno se ha abierto innecesariamente un nuevo flanco de ataque. Es verdad que esas impopulares figuras están acusadas de asuntos reñidos con la moral personal, no robo, desfalco o asesinato, como ocurre con candidatos de otras listas.
Así, Toledo demostró que puede ser cierto su lema que lo que hizo bien lo hará mejor. Pero también parece que lo que hizo mal lo hará peor.
En el Apra, el acuchillamiento general para ocupar un lugar en la lista no solo tiene como propósito que los protagonistas de la escabechina sigan mamando de la teta estatal, sino salvar a varios de los procesos penales que podrían sobrevenir en caso de que no gane alguno de los candidatos presidenciales engreídos de Alan García.
Solidariamente tránsfugas
Luis Castañeda parece tener predilección por los tránsfugas y ha reclutado a todos los que ha podido de las cloacas de la política criolla.
Pero su problema más serio sigue siendo el robo de 21 millones de soles del municipio limeño, el caso Comunicore.
Esta semana la jueza provisional Nelly Aranda resolvió que sí se había cometido un delito en la gestión de Castañeda, que sus hombres de confianza habían atracado al municipio en sus narices. Pero resolvió procesar a 15 de los 16 acusados por la fiscal Fany Quispe. Curiosamente excluyó a Castañeda del juicio, a pesar de que él autorizó la operación y firmó los documentos.
Quizás se dejó influenciar por Alan García, quien públicamente insistía en que “no hay que judicializar la política”, es decir, pasar por alto los delitos de los políticamente poderosos.
El diario Perú.21, que inició hace más de un año la investigación que, por fin, se ha judicializado, resumió con precisión: “Sus gerentes al banquillo. Caso Comunicore. Plana ejecutiva más importante de Castañeda irá a juicio tras confirmarse investigación de Perú.21” (18.1.11).
La fiscalía ha apelado, insistiendo que se procese a Castañeda. En cualquier caso, el latrocinio de Comunicore lo perseguirá durante toda la campaña.
domingo, 23 de enero de 2011
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