Una tensa calma se vive estos días en la ciudad de La Oroya. Las piedras y los gases lacrimógenos que quebraron la tranquilidad de este apacible lugar ya son parte del pasado para los miles de pobladores que, tras meses de conflictos, ahora intentan recuperar su actividad diaria, sus labores comerciales, la paz en sus hogares y, sobre todo, sus vidas.
La ampliación por 30 meses del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) que otorgó la semana pasada el Congreso de la República a la empresa Doe Run Perú (DRP) selló el fin de un enfrentamiento que dejó un saldo de dos muertos entre policías y trabajadores de la metalúrgica, sin mencionar los miles de soles que perdió el sector comercial de esta ciudad tras la paralización de la empresa.
Y es que para todos es más que sabido que DRP constituye el eje económico de La Oroya. Esta es una ciudad que a causa de los altos niveles de contaminación que registran sus tierras y aguas no puede desarrollar ningún tipo de actividad agraria o ganadera. Evidentemente la refinería “tiene la sartén por el mango” sobre la población.
La frustración de no poder hacer nada contra la contaminación invade a cientos de pobladores que han perdido la esperanza de poder cambiar su realidad.
Tal es el caso de Sonia Jiménez, comerciante de 40 años a quien hace mucho tiempo le dejó de interesar el plomo que lleva en la sangre, siempre y cuando tenga algo que comer. “La ciudad está muerta. En un día normal vendía cerca de S/.800, ahora si tengo suerte hago S/.300. Dígame, ¿cómo puedo hablar del medio ambiente, cuando mis hijos no tienen qué comer?”, cuestiona Sonia.
Sin embargo, así como Sonia también hay quienes piensan que la salud es primero. Luis Camayo es un joven taxista de 27 años para quien el dinero ganado nunca compensará las enormes cantidades de óxido que su cuerpo soporta cuando la gran chimenea de Doe Run está operativa.
“Es cierto, el comercio se ha venido abajo y lo que yo gano ahora con mi taxi no es ni la cuarta parte de lo que sacaba antes, pero creo que a nadie le debe gustar sentir ese gas que no deja respirar y que quema la garganta”, cuenta Luis mientras nos muestra una negra sustancia que cubre las laderas del río Mantaro aledañas a la fábrica.
Los niños de plomo
El problema de la contaminación ambiental es un hecho que Doe Run no puede negar. En un estudio elaborado el 2007 por ONGs ambientalistas de la zona, se demuestra que el nivel de plomo en el aire es 195% mayor al considerado estándar en Canadá.
Razón por la cual el 90% de los niños de La Oroya poseen plomo en la sangre, con niveles que en promedio triplican los estándares aceptados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
Uno de los casos más preocupantes es el de Amparo Fabián Ortega, una pequeña niña de seis años quien, según un análisis del Ministerio de Salud, posee 27,7 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando el nivel admisible es de tan solo 10 mg/dl.
A su padre, Pablo Fabián Martínez, no le deja de preocupar la salud de su menor hija, quien, según asegura, no cuenta con la estatura de un niño de su edad.
“Amparito es una niña un poco retraída, que juega sola, pero lo que me preocupa es que no es del mismo tamaño que otros niños de su edad. Y no es solo ella, mis otros dos hijos, mi esposa y yo también tenemos plomo”, señala Pablo.
Se tiran la pelota
El envenenamiento progresivo al que está expuesta La Oroya no parece ser un asunto de preocupación para el gobierno. Prueba de ellos es que Doe Run logró una vez más postergar sus compromisos ambientales en desmedro de la población afectada.
Según Luis Gonzales, jefe de Control Ambiental de Doe Run, los altos niveles de contaminación existentes en La Oroya no son solo responsabilidad de la empresa, sino del propio gobierno.
El funcionario afirmó que el Estado no ha cumplido su compromiso de remediar las más de 3,800 hectáreas de suelos impactados alrededor del complejo metalúrgico, donde el polvo está constantemente expuesto a la población
“Si bien las emisiones que salen de la fundición causan el mayor impacto sobre la ciudad, hay otros factores que tienen mucho riesgo para la salud de la población, como el polvo depositado por más de 70 años de operación, alrededor del complejo”, indicó. Más allá de las responsabilidades, lo cierto es que La Oroya no deja de ser una ciudad postergada.
EL DATO
Operaciones. Los más de 3500 trabajadores de Doe Run Perú volverán a laborar en la empresa desde el 1º de noviembre de este año, fecha en la cual la empresa espera haber llegado a un acuerdo con sus proveedores mineros y así poder reactivar sus operaciones con normalidad. Sin embargo, afirman que aún están en pleno proceso de negociación.
Medidas de aislamiento
Una de las pocas medidas que se han implementado para evitar que más niños aumenten sus niveles de plomo en la sangre es el convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud, el gobierno regional de Junín y Doe Run, a través del cual aíslan a los niños más intoxicados en un centro especializado en el pueblo de Cocrachacra, a 15 minutos de la ciudad de La Oroya, donde reciben educación y asistencia médica.
Germán Amado, coordinador del convenio y director del centro de salud de La Oroya, sabe que estos esfuerzos no son suficientes para combatir la contaminación a la que está expuesta la población, pero por lo menos son un paliativo.
”Lo que sucede es que no tenemos planes, no existe un plan de desarrollo integral para la salud de La Oroya. No podemos solucionar el problema con paliativos”, dijo Amado
Omar Mariluz, Enviado especial a La Oroya.
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