AGENDA POLITICA

Por Javier Diez canseco

Una peculiar combinación de factores va dibujando un interesante y complejo escenario político-electoral, colocando elementos en la agenda. Punto uno, una hemorragia de denuncias de corrupción afecta a varios actores políticos. El gobierno se hunde hasta las narices en la miasma de los petroaudios y faenones que arrastran a la cúpula aprista, la manipulación y desaparición de las pruebas en el proceso judicial, las sucesivas “anulaciones” de compras truchas de tanques, armas y vehículos policiales. El fujimorismo desnuda su alianza con Alan en los privilegios penitenciarios del condenado, el abuso de convertir Diroes en cuartel campaña de Keiko y la pactada impunidad para Raffo al archivar el Congreso el pedido de la Corte Suprema de juzgarlo por recibir 400,000 dólares de Montesinos.

Castañeda cae, envuelto en el escándalo de la deuda de Relima y Comunicore y en la duplicación del costo del Metropolitano que no tiene cuándo funcionar. Kouri revive sus lazos con Montesinos, el negociado del peaje de 1.8 km al aeropuerto y paga su relación con Barba, fabricante de firmas y vientre de alquiler. Toledo, con PPK y Quijandría, asume la responsabilidad de manipular las normas para permitir la inaceptable exportación del gas de Camisea a costa del interés nacional. Lourdes Flores asume sus vínculos laborales con Cataño, procesado por narcotráfico.

Ética y política es un tema central para la gente. Convertir los delitos de corrupción en imprescriptibles; prohibir la función pública a los que fueran sentenciados por ello; tener una Contraloría independiente; poder revocar del cargo de toda autoridad elegida (incluyendo Presidente y congresistas) por abuso de poder, incumplimiento de compromisos y corruptela son elementos de una agenda central.

Punto dos, la política económica y los recursos naturales (RRNN) se vuelven a colocar en agenda. Amplios sectores del movimiento social enfrentan la pretensión de entregar nuestros RRNN a consorcios extranjeros, sin importar el impacto medioambiental y contaminante, el efecto del uso de las aguas para el agro y la población, y sin consulta previa a las comunidades. Crece la oposición a la pretensión de construir, en territorio amazónico peruano, centrales hidroeléctricas que atiendan necesidades de Brasil, especialmente en el caso de Inambari. Esta tendría un alto costo medioambiental sobre áreas protegidas, destruiría parte de la interoceánica sur y desplazaría poblaciones de Cusco y Puno. Igualmente, el impacto negativo de la privatización del puerto de Paita, la pretensión de liquidar Enapu y el intento de poner acciones de Petroperú a cotizarse en la bolsa de valores de Lima provocan protestas.

Crece la exigencia de un Estado soberano, con capacidad de recuperar soberanía sobre nuestros RRNN, su uso y destino para procesarlos y romper el modelo de país exportador de materias primas. Un Estado capaz de regular e intervenir en la explotación de nuestros RRNN, beneficiar a todos los peruanos con la renta que generan (vía un nuevo modelo de manejo de los RRNN y una verdadera reforma tributaria), de cuidar el medio ambiente y consultar a la población. Es parte de la agenda política.

El retorno de Alberto Pizango, cabeza del movimiento amazónico que planteó estos temas y una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, así como el reciente acuerdo en Cusco de los movimientos regionales del macrosur para impulsar un Paro Regional este 17 de junio contra la pretendida exportación de gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, afirman estos temas en la agenda.

Pero, punto tres, persiste una disgregación de fuerzas por el cambio. Ella puede afectar seriamente la representación de esta opción y situarnos en una paradójica crisis sin salida. No es el 2006. La opción de un nuevo Perú, con nueva política y economía, está en debate, pero urge una representación política unitaria y estratégica para sacarla adelante.