César San Martín "La corrupción es crimen de Estado"

El presidente del tribunal que juzgó y condenó a Alberto Fujimori habló en exclusiva con el diario español El País, donde explica cómo enfrentó las dificultades de un juicio contra el ex dictador Fujimori, quien mantuvo una relación mafiosa con el poder.
César San Martín, tiene 52 años, habló sobre el episodio judicial que le valió el respeto en su país y, por ejemplo, de haber sido elegido por El País como uno de los grandes personajes de Iberoamérica en 2009.
Asimismo, dio su punto de vista sobre el controversial caso del juez Baltasar Garzón. "El juez Garzón tiene todo mi respeto y consideración por los casos en que ha intervenido", aseguró.
El juez, que ha estado dos meses enseñando Derecho Procesal en la Universidad de Alicante, mostró en su cátedra dos libros: "delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir" y "aspectos penales y procesales de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales".
El primero de ellos sustancia su idea, repetida en esta entrevista, de que "la corrupción es un delito de Estado".
¿Cómo le dejó esa experiencia?- Es una experiencia muy intensa y sujeta a mucha presión. Desde la Corte Suprema, nuestra idea era mantener la prudencia y la discreción, ese era el centro vital. Ser discretos, reflejar que habíamos actuado con total objetividad, mostrar que un juez, tras un fallo, no puede estar saliendo mucho al exterior tratando de justificar nada; entendíamos que, en lo fundamental, la justificación se dio con nuestra conducta en el juicio y con el tenor de la sentencia. Y mantuvimos la discreción a pesar de que los diarios opositores y favorables al presidente nos empezaron a dar caña. Pero la acogida fue tan favorable en el exterior y tal el respeto que mereció en los sectores políticos peruanos, que la crítica se paralizó. Ya no nos dicen nada.
Veinticinco años. Se dijo que fue una sentencia muy dura. ¿Las críticas que recibió a este respecto le han hecho reflexionar sobre la magnitud de la pena?
- No. Mis dos compañeros y yo nos mantenemos firmes, y con el paso del tiempo nos hemos reafirmado. Convencidos como estábamos de que un jefe de Estado había ordenado o aprobado estos hechos tan lamentables, gravísimos, nos dijimos lo siguiente, y lo explicamos en la sentencia: Si a él, que es la máxima autoridad, que tiene un control absoluto del Estado, no se le impone la pena más grave del sistema, ¿a quién? Desde un exclusivo rigor jurídico y técnico, incluso social, no se justificaba una pena menor.
¿Esas presiones que recibió incluyeron amenazas?- No. Cuando hablo de presiones me refiero a una crítica permanente de una opinión pública atenta. Sentíamos que había una mirada muy atenta de la opinión pública, de la clase política y, sobre todo, de las grandes organizaciones de derechos humanos internacionales. Si pregunta si desde el poder político o alguno fáctico se nos exigió, condicionó o se nos quiso obligar a que fijásemos algún tipo de decisión, ya le digo con claridad que no. Y uno puede decir "qué raro", porque en nuestros países siempre existe, de un modo u otro, alguna forma de llegar a los jueces condicionando, solicitando, requiriendo extraproceso algún tipo de solución o alternativa a lo que corresponda. Pero esto no ocurrió.