SOBERANIA

SoPor Javier Diez Canseco
La batalla por garantizar soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales comienza a ser, nuevamente, un tema en el sentido común de los pueblos y se va colocando en la agenda política nacional. Hoy, este proceso se centra en el tema del gas de Camisea, al que comienza a sumarse la reacción puneña contra la pretensión de construir la megacentral hidroeléctrica de Inambari, con serios impactos ambientales y sociales. Pero, en verdad, son parte de este proceso las luchas libradas por los pueblos amazónicos el 2008 y 2009 en defensa de sus territorios, del medio ambiente y de los recursos naturales, y la resistencia de las comunidades campesinas y productores agrarios del Ande contra las prepotentes e inconsultas concesiones mineras otorgadas por los gobiernos, que afectan el uso de las aguas, generan contaminación y destruyen proyectos agrícolas sostenibles.
En el fondo, se está planteando la necesidad de discutir un proyecto de desarrollo nacional alternativo al que impuso el fujimorismo. Vastos sectores van tomando distancia del modelo económico primario exportador que hoy predomina y buscan una alternativa de desarrollo sostenible, con soberanía sobre el manejo, el uso y el destino de nuestros recursos naturales, demandando una justa distribución de la renta que su explotación genera, pero también una adecuada protección del medioambiente, la consulta previa a los pueblos que habitan esas localidades, y el manejo de los recursos en función de los intereses nacionales y de una industrialización que nos proyecte al desarrollo.
La batalla por el gas de Camisea es hoy central. Y está en el centro de la agenda, fundamentalmente, gracias a la acción y la lucha que se libra en el macrosur, así como por la persistente labor de un puñado de profesionales (como Herrera Descalzi, Campodónico, Manco Zaconetti) y de los pocos cuadros políticos que han mantenido el tema en alto en estos años. Sin embargo, son muchos los que guardan silencio frente a lo que es una expoliación escandalosa e inaceptable.
La batalla de Camisea es clara: priorizar el uso de este recurso natural para garantizar que sirva como base de un Plan Energético Nacional y abra la posibilidad de una industria petroquímica que nos coloque en otro proyecto nacional. Se trata de atender primero al macrosur y al Perú antes que exportar, y de rechazar la inaceptable pretensión de vender el gas a precio de huevo y, para colmo, a un precio varias veces más barato de lo que lo pagamos los peruanos y nuestras industrias. Un absurdo sin nombre, solo explicable por el entreguismo y la ausencia de sentido nacional de los gobernantes actuales y sus predecesores.
Los frentes regionales del macrosur se han planteado una reunión a mediados de julio, junto a los de la región central del país, para planificar una acción –podría ser una huelga indefinida– que tuerza la mano del gobierno y cambie los planes entreguistas en curso. Los primeros embarques para la exportación ya salieron, apoyándose en un contrato del 2005 que el mismo García pidió se investigue y atropellando la legislación nacional. García y sus ministros deberán ser procesados por un nuevo Congreso y un nuevo gobierno por delitos de lesa nacionalidad y por atropellar la propia legislación peruana para dar continuidad a los negocios antinacionales que armaron Kuczynski y Quijandría en el gobierno de Toledo, para exportar el gas al servicio de los intereses de dos empresas de las que PPK fue asesor antes de servirlos desde el gobierno: Hunt Oil y Tenaris (vinculada a Techint). Lo denunciamos desde el 2004, en este mismo espacio, pero se prestó poca atención. Hoy, que el sur se pone de pie, las cosas comienzan a cambiar. Y si se mantienen la tenacidad y la convicción, podremos recuperar la soberanía perdida, beneficiarnos de nuestros recursos y avanzar a un nuevo proyecto de país que, indefectiblemente, nos planteará la necesidad de una nueva Constitución.