Accomarca: 25 años buscando justicia

Un cuarto de siglo después de la masacre de 69 personas en la localidad ayacuchana de Accomarca, el juicio oral no comienza y el gobierno de Estados Unidos no extradita al principal acusado, el mayor EP Telmo Hurtado, para su juzgamiento.

Teófila Ochoa señala la imagen de un hombre con bigotes, de mirada fría e inexpresiva. Es Telmo Hurtado, un militar bautizado por la prensa extranjera como “El Carnicero de los Andes”. Ella y el militar han estado frente a frente en dos ocasiones, LA PRIMERA hace 25 años, el 14 de agosto de 1985, día en que este mayor del Ejército Peruano en situación de retiro dirigió la masacre de 69 personas en el poblado ayacuchano de Accomarca.

La segunda vez que se vieron fue el 11 de febrero del año 2008, cuando ella testificó ante un tribunal federal de Miami que procesó y sentenció a Hurtado por esa masacre. La justicia norteamericana lo condenó a pagar una reparación civil de 37 millones de dólares a los deudos.

Teófila ha contado varias veces ambos encuentros, pero los miembros de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia en Accomarca quieren volver a escuchar cómo Hurtado, con grilletes en los pies y vistiendo un buzo color gris, fue presentado ante un juez, a miles de kilómetros de distancia.

-¿Cuando lo viste no te dieron ganas de decirle algo?, le preguntan.

-Quería gritarle “asesino, malograste la vida de muchas familias”. Pero me controlé porque si no el juez me sacaba de la sala, explica ella. Hurtado, con su misma mirada inexpresiva, dijo que no estaba obligado a escuchar el testimonio de Teófila Ochoa y Cirila Pulido, sobrevivientes de la masacre. Entonces se retiró de la sala. Para los deudos, saber que Hurtado ha recibido una condena civil es una esperanza de alcanzar justicia en nuestro país, puesto que el tribunal norteamericano determinó que sí dirigió la matanza.

-Cobarde, no se quedó en la sala. Yo no le tuve miedo, dice Teófila; aunque luego comenta que sus recuerdos la atormentan desde que tenía 11 años de edad.

Hurtado aparece en sus sueños, con unos lentes negros, como de aviador, gritando y dando órdenes. “Reunión en la plaza, reunión”. Es mentira, comienzan los disparos. Teófila corre y se esconde detrás de una roca, mientras las balas le zumban en la cabeza. Hurtado ordena prender fuego a las casas. “Terroristas malditos, quémenlos”. A los sobrevivientes los meten a una casa y les lanzan granadas. Los niños lloran, ella le tapa la boca a su hermanito. Hurtado voltea, la mira y se acicala el bigote. Teófila despierta y llora. Cinco de sus hermanos y su mamá fueron asesinados.

Tras una investigación realizada por el Senado, Hurtado fue condenado en el fuero militar a 6 años de prisión al ser hallado responsable del cargo de abuso de autoridad. Años más tarde encontró una puerta de escape: se acogió a la Ley de Amnistía. Pero en 2002, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) toma interés por el caso Accomarca, su condena es anulada y fuga del país. Previamente pidió su pase al retiro. Actualmente está detenido en Estados Unidos, a la espera de que el Tribunal de Apelaciones del Estado de Florida resuelva una apelación que presentó cuando una resolución ordenó su extradición al Perú para que sea juzgado.

Cirila Pulido, otra sobreviviente de la masacre de Accomarca, recuerda también que aquel 14 de agosto de 1985 incursionaron en su pueblo las patrullas militares Lince 6 y Lince 7 al mando de los oficiales Manuel Rivera Rondón y Telmo Hurtado, con la finalidad de cumplir el Plan Operativo Huancayocc. Cirila dice que los hechos ocurrieron un miércoles. Durante ese fin de semana los gallinazos picotearon la tierra buscando restos humanos para engullir. Cuando los gallinazos desaparecieron los sobrevivientes salieron de sus escondites y encontraron todo calcinado.

La CVR investigó el caso y en 2003 lo derivó al ministerio Público, institución que continuó las pesquisas. En febrero de 2005 la fiscal de derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, formalizó la denuncia penal, en la cual incluyó a Alan García.

Luego, el 31 mayo de 2005, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió proceso penal contra 29 personas. Excluyó a García de la denuncia por genocidio y esa acusación le valió una denuncia por prevaricato a la fiscal Olazábal, pues ese delito no existía en el Código Penal cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, apunta la abogada Karim Ninaquispe, defensora legal de las víctimas de Accomarca, “la denuncia contra la fiscal Olazábal fue una represalia por haber denunciado a García”.

Aún no empieza el juicio oral y está pendiente la extradición de David Castañeda, otro militar involucrado en este caso. Él está también en Estados Unidos, en Boston. Durante un año el ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, retuvo el expediente de su extradición, el cual fue presentado en enero de este año. El proceso avanza a paso muy lento, ya que las autoridades judiciales de Estados Unidos han pedido información de Castañeda a la Sala Penal Nacional, pero este tribunal no la envía.

Sobre la situación de Manuel Rivera Rondón, la abogada Ninaquispe precisó que abandonó el Ejército cuando fue denunciado y fugó, hasta que el 15 de agosto de 2008 fue deportado al Perú. Ni bien puso un pie en territorio peruano fue detenido y recluido en el penal “Miguel Castro Castro”, pero en noviembre del año pasado el juez Armando Salvador Neyra lo mandó a su casa.

La misma suerte han tenido otros procesados, quienes fueron liberados por exceso de carcelería sin sentencia. Por ejemplo, el último 25 de julio la Sala Penal Nacional dispuso la libertad de Remo Salas Ávila por haber excedido el plazo máximo de detención. Pompeyo Baldeón Sulca, hijo de Bonifacia Sulca, otra víctima de la masacre, manifestó su indignación por la liberación de Salas. “Son 25 años que venimos pidiendo sanción a los responsables. Así como han liberado a este soldado, los militares que estaban al mando de estas matanzas están en sus casas”, enfatizó Pompeyo. La Tercera Fiscalía Penal ha formalizado la denuncia penal correspondiente solicitando 25 años de prisión para los procesados por esta masacre, la misma cantidad de años que llevan esperando por justicia las víctimas. “25 años ya no es sólo un retraso, sino un encubrimiento”, sentenció Ninaquispe.

Marcelo Puelles
Redacción