Por Carlos Castro
Un año después del destape del escándalo de los “petroaudios” y ocho meses más tarde de que los “chuponeadores” de Business Track fueran puestos en prisión, los fiscales y jueces mantienen total hermetismo sobre lo investigado y el contenido de los audios. Lo que se conoce es mérito de los medios de comunicación. Lo fue en su primer momento y lo ha sido en los últimos hechos. La prensa es la que reveló las vinculaciones del ex ministro de Vivienda Francis Allison con los espías de BTR y es la prensa la que acaba de dar a conocer diálogos de Alberto Químper, “Don Bieto”, con magistrados del Poder Judicial, TC, Ministerio Público y el CNM.
El presidente García aparece mencionado, una vez más. Gustavo Gorriti en su libro “Petroaudios” revela que el responsable de BTR, Elías Ponce Feijoó, habría prestado sus servicios a AGP durante la campaña electoral. Dirigentes apristas han negado la versión, pero el nombre del primer mandatario ha vuelto a la primera plana tras las recientes declaraciones del presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.
“¿O sea que él (Químper) usó la figura del presidente García como quien dice que él (Alan) estaba enterado y que el presidente García estaba dispuesto a castigarlo a usted?”, le preguntaron el jueves último a Vega Vega en RPP, luego de conocerse aspectos de su diálogo con “Bieto”.
“Así es, y que yo tuviera cuidado, eso fue lo que me dijo”, respondió Vega Vega. El hecho ocurrió en el 2007 y el magistrado ni lo denunció ni entabló una querella contra Químper. Es decir, “Don Bieto” se paseaba por los juzgados, fiscalías y hasta por el TC utilizando el nombre del presidente de la República, y al titular de la Corte de Lima le parecía de lo más normal. Qué extraño.
Vega Vega, como se sabe, es un hombre vinculado al Partido Aprista, tanto que Carlos Roca, uno de los rostros visibles del PAP, lo llamó “compañero” en un acto público. ¿Cómo permitía entonces que el nombre del líder del partido de sus simpatías entre y salga de los juzgados, en un abuso de confianza –vamos a suponer– del abogado Químper?
Pero es válido también preguntarse: ¿el presidente García conocía las andanzas de quien había sido mucho antes de los hechos su abogado? ¿Sabía que utilizaba su nombre en el faenón judicial? ¿O simplemente “Don Bieto” se daba su parte? Todo ello lleva a la exigencia de que los audios, que están en poder de los jueces, sean mostrados a la opinión pública. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, debe seguir el camino adoptado frente a los vladivideos de la mafia Montesinos-Fujimori. En su momento las autoridades separaron los videos privados o personales y difundieron el resto. El país conoció así en detalle la podredumbre en la que se movía el régimen fujimorista.
El doctor Villa Stein esgrime la autonomía del PJ para no desbloquear los audios. Incluso pretende que los jueces no compartan la información con la comisión que investiga el espionaje telefónico y que preside el congresista Oswaldo Luizar. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué pretender convertir este caso en secreto de Estado? Tal vez la respuesta esté en las revelaciones que la prensa pueda ofrecer próximamente sobre chuponeadores y chuponeados y de cómo Químper y León se movían en el poder.
Un año después del destape del escándalo de los “petroaudios” y ocho meses más tarde de que los “chuponeadores” de Business Track fueran puestos en prisión, los fiscales y jueces mantienen total hermetismo sobre lo investigado y el contenido de los audios. Lo que se conoce es mérito de los medios de comunicación. Lo fue en su primer momento y lo ha sido en los últimos hechos. La prensa es la que reveló las vinculaciones del ex ministro de Vivienda Francis Allison con los espías de BTR y es la prensa la que acaba de dar a conocer diálogos de Alberto Químper, “Don Bieto”, con magistrados del Poder Judicial, TC, Ministerio Público y el CNM.
El presidente García aparece mencionado, una vez más. Gustavo Gorriti en su libro “Petroaudios” revela que el responsable de BTR, Elías Ponce Feijoó, habría prestado sus servicios a AGP durante la campaña electoral. Dirigentes apristas han negado la versión, pero el nombre del primer mandatario ha vuelto a la primera plana tras las recientes declaraciones del presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.
“¿O sea que él (Químper) usó la figura del presidente García como quien dice que él (Alan) estaba enterado y que el presidente García estaba dispuesto a castigarlo a usted?”, le preguntaron el jueves último a Vega Vega en RPP, luego de conocerse aspectos de su diálogo con “Bieto”.
“Así es, y que yo tuviera cuidado, eso fue lo que me dijo”, respondió Vega Vega. El hecho ocurrió en el 2007 y el magistrado ni lo denunció ni entabló una querella contra Químper. Es decir, “Don Bieto” se paseaba por los juzgados, fiscalías y hasta por el TC utilizando el nombre del presidente de la República, y al titular de la Corte de Lima le parecía de lo más normal. Qué extraño.
Vega Vega, como se sabe, es un hombre vinculado al Partido Aprista, tanto que Carlos Roca, uno de los rostros visibles del PAP, lo llamó “compañero” en un acto público. ¿Cómo permitía entonces que el nombre del líder del partido de sus simpatías entre y salga de los juzgados, en un abuso de confianza –vamos a suponer– del abogado Químper?
Pero es válido también preguntarse: ¿el presidente García conocía las andanzas de quien había sido mucho antes de los hechos su abogado? ¿Sabía que utilizaba su nombre en el faenón judicial? ¿O simplemente “Don Bieto” se daba su parte? Todo ello lleva a la exigencia de que los audios, que están en poder de los jueces, sean mostrados a la opinión pública. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, debe seguir el camino adoptado frente a los vladivideos de la mafia Montesinos-Fujimori. En su momento las autoridades separaron los videos privados o personales y difundieron el resto. El país conoció así en detalle la podredumbre en la que se movía el régimen fujimorista.
El doctor Villa Stein esgrime la autonomía del PJ para no desbloquear los audios. Incluso pretende que los jueces no compartan la información con la comisión que investiga el espionaje telefónico y que preside el congresista Oswaldo Luizar. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué pretender convertir este caso en secreto de Estado? Tal vez la respuesta esté en las revelaciones que la prensa pueda ofrecer próximamente sobre chuponeadores y chuponeados y de cómo Químper y León se movían en el poder.
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