El indulto al ex empresario televisivo José Enrique Crousillat es un acto sumamente injusto y vergonzoso, que lesiona no solo la administración de justicia sino también el sistema democrático, así como el saneamiento ético y moral de la nación.
¿Cómo es posible que un operador tan visible y escandaloso de la dictadura fujimontesinista, que vendió sin asco la línea editorial de un canal de televisión por varios millones de dólares que salían de las arcas del Estado, pueda ganar la libertad tan pronta y fácilmente?
Crousillat, y su hijo José Francisco, fueron procesados nada menos que por haber recibido el equivalente a 69 millones de soles de Vladimiro Montesinos. Se trata de un gravísimo delito contra la justicia que ahora, de modo absurdo y totalmente inequitativo, aparece mediatizado por la figura del indulto.
¿Cómo, entonces, se reparará el abismal daño al Estado y al sistema democrático que fue sojuzgado por un aparato de dominación, manipulación y embrutecimiento social, del cual Crousillat formaba parte? ¿Qué podrán decir las víctimas de las campañas mediáticas de demolición personal y moral, promovidas por Montesinos a través de sus canales comprados? ¿Es que no se da cuenta el Gobierno del pésimo precedente que se está sentando con un indulto tan controvertido como este, cuando todavía están bajo proceso otros prominentes miembros del clan fujimontesinista?
A propósito, debemos recordar que, si bien el indulto es una potestad presidencial, debe basarse en un informe técnico que justifique las razones, principalmente humanitarias, que lo avalen. Sin embargo, en el caso de Crousillat, no se dan de modo contundente razones de este tipo, pues estaba en una clínica por mucho tiempo, supuestamente bajo tratamiento médico, en una situación ciertamente confortable. Es más, se da el hecho sumamente crítico de que antes fugó a otro país, para evadir la acción de la justicia.
Adicionalmente, ¿cuáles son los criterios de prelación y prioridad de la Comisión Multisectorial de Indultos para calificar y proponer indultos, dado que en agosto pasado el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, declaró que tenían más de 300 expedientes sobre indultos por revisar y que llegaron “antes del pedido a favor de Crousillat”? ¿Por qué se prefirió a Crousillat antes que al resto, entre lo cuales seguramente habrá personas en total desamparo con enfermedades realmente terminales? ¿Y qué dirán las decenas de miles de presos que continúan encarcelados sin tener siquiera sentencia? ¿Qué justicia es esta que no castiga ni exige reparación?
Este trato preferencial abre las puertas a la suspicacia respecto de eventuales acuerdos y cálculos politiqueros que habrían primado en este caso y darían muy mala espina sobre el eventual tráfico y mal uso de atribuciones gubernamentales para servir a agendas y pactos políticos bajo la mesa.
El indulto, una figura benevolente, no puede ser manipulado con criterios de oportunismo político, por lo que en el caso de Crousillat debería ser revisado, a la espera de un deslinde y una explicación técnica de las autoridades involucradas.
Tras la oprobiosa década fujimontesinista, mucho sacrificio nos ha costado a los peruanos empezar a recuperar la democracia y el Estado de derecho, precisamente para que impere la justicia ciega e imparcial, sin distingos entre los allegados al régimen con tratamiento privilegiado y el resto. No podemos apartarnos de ese camino y si el Gobierno se equivoca ahora, debe rectificar o asumir las consecuencias de su grave error.
domingo, 13 de diciembre de 2009
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