Alguna vez Óscar Dancourt dijo que la macroeconomía era importante no tanto porque buenas políticas, por sí mismas, pudieran llevarnos al desarrollo; sino porque malas políticas podían originar verdaderas catástrofes. Lo mismo se podría decir de las reformas electorales: un buen diseño dará buenos resultados solo si se acompaña de muchas otras cosas; pero un mal diseño tendrá rápidamente efectos desestructurantes. El debate sobre estos temas se ha concentrado en las propuestas gubernamentales de establecer el voto voluntario y el recorte del mandato parlamentario a dos años y medio.
No simpatizo con ninguna de las dos: la primera por sí sola no resolverá ningún problema (y podría crear otros), y la segunda no resolverá los problemas de representación, y además creará mucha inestabilidad política (la elección a mitad de periodo será una suerte de plebiscito a favor o en contra del gobierno, y el desempeño de los parlamentarios individuales será tema secundario). A pesar de ello, estas iniciativas no me preocupan mucho, porque es poco probable que se concreten, así como la amenaza de cierre del Congreso.
El verdadero problema está en que en las últimas semanas se han aprobado otras reformas electorales sin mayor debate, que pueden tener efectos muy preocupantes. Así, se acaba de promulgar la ley 29490, que modifica la ley de partidos políticos: en general, esta ley establece disposiciones más exigentes para los partidos nacionales y los movimientos regionales y organizaciones locales, y equipara las exigencias de los dos últimos con los primeros, a través de la elevación del número de firmas necesarias para la inscripción, exigencias de democracia interna y transparencia, entre otros asuntos. Me parece que es una buena ley, porque creo que la manera de fortalecer nuestro sistema de partidos es a través de mecanismos que hagan que los fuertes sobrevivan, y queden en el camino los débiles e improvisados.
También se ha promulgado la ley 29470, que modifica la ley 27683, de elecciones regionales. Se introduce la segunda vuelta y se cambia la forma de elección de los consejeros regionales (estableciendo a la provincia como una suerte de distrito uninominal), entre otras cosas. Supuestamente la segunda vuelta daría más legitimidad al presidente regional, y el cambio en la elección del consejo regional lo haría más representativo. En realidad, no creo que ninguno de esos objetivos se cumpla, porque la segunda vuelta creará una mayoría artificial, y en el consejo regional se perderá la proporcionalidad del voto. Peor todavía, estos dos elementos juntos pueden crear serios problemas de gobernabilidad, ya que puede ocurrir que el presidente regional ganador sea uno que tuvo un muy bajo respaldo en primera vuelta, y pocos o ningún consejero de su lista, entre otros problemas. Una reforma de este tipo debió discutirse mucho más, y debemos estar atentos a los efectos que producirá.
MARTIN TANAKA
domingo, 17 de enero de 2010
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