jueves, 12 de noviembre de 2009

El Tribunal de la Santa Disquisición


El TC mantuvo invicta su capacidad de errar con el AOE.
Las sentencias judiciales o de instancias legítimas deben acatarse y cumplirse, en señal de respeto indudable al orden institucional, pero ello no es incompatible con el derecho a poder criticarlas o a opinar que se han decidido por razones subalternas, tal como acaba de ocurrir con el fallo aclaratorio emitido por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) más conocido como la píldora del día siguiente.
Los miembros del TC han quedado como unos cavernícolas que abdicaron de su mandato para actuar como última instancia nacional al servicio de la constitucionalidad, la justicia, el sentido común y la ciudadanía –especialmente de los más pobres–, y se pusieron al servicio, como monaguillos, de las tendencias más conservadoras y aristocráticas del país.
Esto es así pues el TC ha decidido que el AOE solo estará disponible para los que puedan pagar por este anticonceptivo pero no para los más pobres del país, es decir, una de las formas más perversas de discriminación, que es, además, una de las razones por las que el catolicismo va perdiendo, año a año, a su feligresía, la cual se siente desconcertada y hasta ofendida por las decisiones y las presiones de su cúpula retrógrada.
En este sentido, es claro dónde está la ciudadanía en este tema: 70 por ciento se encuentra a favor de su distribución gratuita. ¿Qué les van a decir a todas esas personas los acólitos que integran el TC por encargo de la cucufatería nacional, la cual decide con mentalidad de chamán de la Av. Abancay? ¿Que la mayor parte de los peruanos son unos pervertidos?
Luego de que el TC fallara en contra de la distribución gratuita del AOE, se le consultó si la píldora se podía vender a un precio mínimo, ante lo cual ratificó su invicta capacidad de errar y prohibió esa posibilidad. Dicho fallo carece de fundamento científico. El AOE no tiene un efecto abortivo según todo el conocimiento científico disponible, de acuerdo con entidades como el Colegio Médico, la Sociedad de Ginecología, la Academia de Salud y de la Medicina, además de, en el plano internacional, la OMS, la OPS, y el Fondo de Población de la ONU.
La pregunta relevante ahora ya no es qué debe hacer el Ministerio de Salud con el stock que posee de la píldora del día siguiente, sino qué hace el país con este TC mamarrachento cuyos fallos –insisto– se deben acatar en respeto del orden institucional, pero sin dejar de lado el derecho de criticarlo, al igual que a sus magistrados que más bien parecen, por su actuación, los monaguillos de un proyecto ultraconservador que es repudiado por el ciudadano de a pie.

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