domingo, 8 de noviembre de 2009

Firme defensa

El contundente éxito del paro nacional de 48 horas cumplido por la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu y los gremios de estibadores y transportistas de la red portuaria costera y amazónica, debería tener el efecto del sonido de una sirena de alarma para los gobernantes empeñados en entregar los recursos y la infraestructura del país a intereses extranjeros, con perjuicio para la economía y la soberanía nacionales y, en este caso, para la seguridad del país.

La protesta que paralizó los puertos el jueves y el viernes ha expresado el rechazo social que concita el desmedido afán de poner en manos de intereses ajenos a los de la patria, instalaciones de importancia estratégica y servicio público como los puertos, en la modalidad de concesiones, que consisten en que los empresarios foráneos se comprometen a realizar mejoras que pagarán con las utilidades garantizadas, sin invertir un solo centavo.

La respuesta lógica de cualquier autoridad con un mínimo de racionalidad, ante tan contundente protesta, hubiera sido buscar el consenso eludido desde antes de la dudosa licitación que le dio al consorcio TPE el puerto de Paita, clamoroso ejemplo de que la concesión privada no le conviene a nadie, menos a los supuestos usuarios, a los que se había prometido mejor servicio y mejores precios y que lo primero que recibieron fue un tarifazo inclemente que, rebajado a la mitad, todavía desestabiliza en particular a los empresarios de la agroindustria de exportación.

Lejos de ello, uno de los oscuros personajes que nos gobierna reaccionó con arrogancia y acusó a los trabajadores en huelga de ser “acomplejados” y de tener motivaciones meramente ideológicas, como si no hubiera peor complejo que pretender que sólo el capital extranjero puede ser eficiente en este país de gentes laboriosas y creativas y como si no fuera profundamente ideológica, fundamentalista y neoliberal, la decisión de privatizarlo todo como supuesta panacea que el mundo ha dejado ya atrás y que se desmorona en América Latina.

La soberbia respuesta fue redondeada con la advertencia de que el gobierno continuará la misma política privatizadora, la misma que fue ratificada en un diálogo al que, por fin, ayer, acudieron funcionarios encabezados por la ministra de Trabajo y que se limitaron a reiterar que va a continuar la entrega de los puertos. Seguiremos peleando, han advertido los líderes de Fentenapu.

Es pertinente, por ello, reiterar la advertencia hecha reiteradamente en estas páginas y recomendada por la historia y la experiencia: Las decisiones de los gobernantes no se pueden imponer por la fuerza, pues por ese camino solamente se agudizan los conflictos y la espiral de la confrontación que, en otras latitudes, se ha llevado por delante gobiernos que creían ser poderosos e invencibles.

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