El presidente costarricense Óscar Arias afirmó que Roberto Micheletti nunca tuvo la voluntad de solucionar la crisis política derivada del golpe de Estado del pasado 28 de junio contra Manuel Zelaya.
“Nunca encontramos la voluntad en el gobierno de facto para cumplir lo que originalmente fue el acuerdo de San José y después el acuerdo Tegucigalpa-San José”, declaró Arias, quien fuera mediador en la crisis política.
El acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado por ambas partes, establecía la creación de un Gobierno de Unidad Nacional y que el Congreso fuera el que decidiera sobre la restitución de Zelaya.
Pero Micheletti constituyó un autodenominado Gobierno de Unidad Nacional para guiar el proceso de normalización institucional, encabezado por él mismo y sin representantes de Zelaya.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno golpista acrecienta la represión contra los simpatizantes democráticos y recorta los beneficios sociales alcanzados durante el gobierno de Zelaya.
Así, denunciaron el caso del menor Ángel David, quien fuera baleado por los policías sin ningún motivo y cuyos padres recibieran amenazas de la Fiscalía para acallar las denuncias contra los autores de los disparos.
El organismo internacional que vela por la niñez (Unicef), denunció además que “1,600 niños hondureños menores de cinco años han muerto desde el 28 de junio de 2009, a razón de 13 niños al día”, víctimas de la desnutrición y la pésima atención sanitaria ante epidemias como el dengue hemorrágico. Cada día, unos 60 niños ingresan en el hospital de Tegucigalpa aquejados de la enfermedad, pero no existen medios para atenderlos. Todo ello en medio de una ola de violencia que deja 14 muertos diarios y un número indeterminado de detenciones ilegales.
“Nunca encontramos la voluntad en el gobierno de facto para cumplir lo que originalmente fue el acuerdo de San José y después el acuerdo Tegucigalpa-San José”, declaró Arias, quien fuera mediador en la crisis política.
El acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado por ambas partes, establecía la creación de un Gobierno de Unidad Nacional y que el Congreso fuera el que decidiera sobre la restitución de Zelaya.
Pero Micheletti constituyó un autodenominado Gobierno de Unidad Nacional para guiar el proceso de normalización institucional, encabezado por él mismo y sin representantes de Zelaya.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno golpista acrecienta la represión contra los simpatizantes democráticos y recorta los beneficios sociales alcanzados durante el gobierno de Zelaya.
Así, denunciaron el caso del menor Ángel David, quien fuera baleado por los policías sin ningún motivo y cuyos padres recibieran amenazas de la Fiscalía para acallar las denuncias contra los autores de los disparos.
El organismo internacional que vela por la niñez (Unicef), denunció además que “1,600 niños hondureños menores de cinco años han muerto desde el 28 de junio de 2009, a razón de 13 niños al día”, víctimas de la desnutrición y la pésima atención sanitaria ante epidemias como el dengue hemorrágico. Cada día, unos 60 niños ingresan en el hospital de Tegucigalpa aquejados de la enfermedad, pero no existen medios para atenderlos. Todo ello en medio de una ola de violencia que deja 14 muertos diarios y un número indeterminado de detenciones ilegales.
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